El lastimero espectáculo que vemos todos los días alrededor de la procuración e
impartición de justicia en México solo nos confirma la debilidad del Estado de
Derecho y el absoluto desprecio por la legalidad que priva en tiempos de la
llamada “cuarta transformación”.
Un ejemplo de ello es la pantomima legal en la que se ha convertido el caso de
Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Desde el principio, el proceso ha estado plagado de irregularidades, contubernios
y complicidades en un asunto en el que lo que menos importa es la búsqueda de
la justicia, ya que en realidad lo que quieren es sacar raja política de lo que diga,
con pruebas o no, el ex funcionario.
El mismo hecho de que Lozoya no haya pisado la cárcel en ningún momento
desde su llegada a México –asumiendo que sí se encuentre en el país, pues no
hay una sola imagen suya que lo pruebe-, y que ni siquiera tenga que presentarse
a firmar su libertad bajo caución al reclusorio y se le permita hacerlo por vía
remota, son indicativos del pacto de impunidad que hizo con el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador a cambio de “despepitar” en contra de quien le
digan, aun cuando sus meros dichos no representen en sí una prueba sólida para
emprender acción legal alguna. Y de que varios de los delitos que menciona ya
habrían prescrito.
No solo eso. El que la misma autoridad, la Fiscalía General de la República, se
dedique a difundir -en voz de su titular Alejandro Gertz Manero- los pormenores de
las declaraciones de Lozoya, con nombres y apellidos, implica una violación al
debido proceso que vulnera la presunción de inocencia y la secrecía de la
investigación judicial. Por menos que eso se cae cualquier caso de raterillos
comunes en un juzgado.
Queda de manifiesto que el verdadero objetivo no es hacer justicia ni castigar la
corrupción –que sin duda la hubo y a gran escala- del sexenio de Enrique Peña
Nieto, sino utilizar el escándalo mediático para intentar sostener la imagen y
popularidad de un gobierno timorato, incapaz, que ha sido trágicamente rebasado
por la pandemia –prácticamente 54 mil muertos al corte del 11 de agosto por la
noche- y al que lo único que realmente le importa es aferrarse al poder como sea,
para lo cual acude al uso de la propaganda de forma indiscriminada, al grado de
torcer la legalidad.
Y cuando la cabeza está podrida, lo demás se descompone por añadidura. Desde
hace meses en Veracruz no solo se vive un vacío absoluto en la impartición de
justicia, sino que hemos sido testigos de uno de los episodios más vergonzosos de
la historia del Poder Judicial del estado, vulnerada su autonomía por los juegos de
poder de varios trogloditas de “cuarta” que buscan hacerse de su control
colocando alfiles, cómplices, parientes y golpeadores en los diferentes órganos del
Tribunal Superior de Justicia, prácticamente a punta de chingadazos.
El más reciente desliz fue la destitución ilegal de varios magistrados por parte del
Congreso del Estado. A pesar de que aquellos obtuvieron sendos amparos contra
esa decisión arbitraria, los diputados locales desacataron la resolución de la
justicia federal y nombraron sustitutos. Ahora un juez ordenó la inmediata
reinstalación de uno de los afectados –y se espera que en los días por venir
suceda lo mismo con los demás-, la cual debe darse en un plazo máximo de diez.
De lo contrario, un nuevo desacato haría a los legisladores acreedores a penas de
entre tres y nueve años de prisión, su destitución e inhabilitación para ocupar
cargos públicos.
Y en esas manos está la ley.
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